24 de marzo de 1976: “señora, usted queda destituida”.

Este 2024 se conmemora 48 años desde el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón como presidenta y el inicio del último golpe de Estado en Argentina.

Las señales de la inminente interrupción del orden constitucional no dejaron de hacerse notar a lo largo del martes 23 de marzo. En el contexto de un país sumido en una crisis económica profunda y en un espiral de violencia política que parecía no tener límites (sumaban 1799 los muertos por atentados terroristas o enfrentamientos desde el retorno de la democracia, en 1973), el camino hacia el derrocamiento de la presidenta parecía trazarse solo.

En esa jornada, el Ministro de Defensa de la Nación, José Deheza, se reunió dos veces, una por la mañana y otra por la noche, con los jefes de las tres fuerzas. Quería obtener de ellos la seguridad de que no atentarían contra el régimen democrático, como se venía especulando. Pero ni Videla, ni Massera, ni Agosti le dieron esa seguridad. Todo lo contrario. Videla le expresó que el gobierno no había cumplido con los requerimientos establecidos por la cúpula militar: un cambio en la economía y terminar con la subversión y las manifestaciones sindicales.

La tarde del 23 de marzo de 1976 ya podía percibirse que algo estaba por cambiar en la cúspide del poder de la Argentina. En la Casa Rosada, la presidenta María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel (quien gobernó el país desde 1 de julio de 1974, hasta el 24 de marzo de 1976) necesitaba que alguno de los ministros de su gabinete le desmintiera esos rumores de un golpe militar contra su gobierno que habían circulado con insistencia durante la jornada. Pero no encontraba la respuesta tranquilizadora que buscaba. Como una cristalización del clima que se vivía en ese momento, la sexta edición del diario La Razón salió con una primera plana explícita: “Es inminente el final. Todo está dicho”.

El final tan anunciado del gobierno de Isabel Perón llegaría a través de un helicóptero. A las 0:40 de la madrugada del miércoles 24 de marzo, la presidenta subía a la nave Sikorsky S-58DT que debía llevarla a la Quinta de Olivos, donde descansaría de una de las jornadas más agitadas de su corto mandato. Pero los pilotos tenían la orden de desviar el helicóptero hacia Aeroparque.

Como una premonición de lo que terminaría siendo el último vuelo de Isabel como presidenta de la Argentina, el fotógrafo Horacio Villalobos, presente en las inmediaciones de la Casa Rosada, capturó la imagen del helicóptero mientras despegaba de la terraza de la sede de gobierno, una postal que con el tiempo se convertiría en histórica, pues reflejaba el final del mandato de Isabel y, a la vez, el comienzo de una dictadura sangrienta que se prolongaría por 7 años, 6 meses y 13 días.

Esa noche aciaga subieron al helicóptero junto a la presidenta, su secretario personal, Julio González, el jefe de la custodia, Rafael Luisi, el policía Mariano Troncoso y el edecán naval, Ernesto Diamante. Este último era el único que sabía, además de los pilotos, el destino real de ese vuelo. Entre los hombres que acompañaban a la viuda de Perón en la cabina de la nave, Diamante era el traidor. Se había convertido en una pieza clave, ejecutor del primer movimiento en el plan para derrocar a la presidenta que habían urdido los comandantes de las tres armas: Jorge Rafael Videla, por el Ejército; Emilio Eduardo Massera, por la Armada, y Orlando Ramón Agosti, por la Aeronáutica.

“Usted queda destituida”

A poco de comenzar el vuelo, uno de los pilotos anunció a sus pasajeros que “por un desperfecto técnico” debían desviarse de su ruta. Así llegaron a la zona militar del aeroparque, donde la nave descendió a las 0:50. Isabel y sus acompañantes ya sospechaban que el anuncio del desperfecto era apenas una excusa. Mucho más cuando descubrieron que había francotiradores desplegados en las alturas de las distintas edificaciones del predio.

Isabel fue llevada al despacho del hombre de la Fuerza Aérea a cargo de ese sector del Aeroparque, Antonio José Crosetto. Allí la esperaban el general José Villarreal, el contraalmirante Pedro Santamaría y el brigadier Basilio Lami Dozo. Estos representantes de las tres fuerzas tenían la misión de comunicar a la presidenta una notificación que ya era más que obvia. El encargado de hablarle fue el representante del Ejército: “Señora, las Fuerzas Armadas han asumido el poder político de la Nación y usted queda destituida”, le dijo Villarreal a la viuda de Perón, según la recreación de la escena que realiza el periodista Facundo Pastor en su libro “Isabel; Lo que vio. Lo que sabe. Lo que oculta“.

Esa misma madrugada, exactamente a las 3:21, la cadena de radiodifusión de la Argentina emitía, para todo el país, el comunicado número uno de la junta militar. Una música castrense anticipaba el mensaje que arrancó segundos más tarde: “Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento de las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones”.

Firmaban el comunicado Videla, Massera y Agosti. Así comenzaba oficialmente el período histórico que los uniformados llamaron Proceso de Reorganización Nacional. En esta etapa nefasta de la historia argentina, que se extendió hasta el retorno de la democracia con la asunción del presidente Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, se suspendió el Estado de Derecho y se desató, desde el Estado, la represión a las organizaciones terroristas con métodos ilegales y la desaparición de miles de personas. Entre los delitos de lesa humanidad perpetrados por los uniformados se incluye también el robo y la apropiación de bebés nacidos en cautiverio de mujeres que luego eran desaparecidas.

Nota: La Nación