Subejecución del presupuesto para seguridad en Santa Fe

Se trata de partidas de emergencia que envió el gobierno nacional en marzo para paliar la inseguridad en la provincia. Se iban a utilizar para reparar móviles policiales y comprar chalecos antibala y patrulleros.

El presupuesto de la provincia de Santa Fe para el 2023 supera por primera vez el billón de pesos, y el área de seguridad dispondrá de unos 200 mil millones. Pero la discusión ahora es sobre si se podrá ejecutar antes de fin de este año una cifra mucho menor, tres mil millones, que la Nación envió en marzo en carácter de emergencia y que, se reveló, se usó efectivamente en un 1,6%: apenas 54 millones.

La cifra se confirmó en medio de una sesión escandalosa en la que algunos diputados se preguntaron si la subejecución presupuestaria en la provincia antes que un error no es una política buscada por el gobernador Omar Perotti, ya que advierten el mismo problema en las partidas de los dos últimos años.

El gobierno provincial aseguró que antes del 31 de diciembre próximo van a estar utilizados la totalidad de esos fondos, que recibieron el aval de la Legislatura santafesina para que se pudieran utilizar en el marco de una ley de emergencia, que permite simplificar los trámites para contrataciones de servicios y compra de bienes.

A la hora de rendir cuentas del uso de esos recursos que el gobierno nacional envió a Santa Fe, se especificó que por ahora solo se pudo concretar con ese dinero la reparación de 21 móviles policiales, la compra de un container para una cárcel de Rafaela, 180 utensilios de cocina y tres autos que están en proceso de ser blindados.

Hay otras “gestiones adjudicadas”, como la compra de 284 camionetas para patrullajes, que empezaron a entregarse estos días; unos 300 millones fueron o irán a costear sistemas de vigilancia en municipios y comunas, y está pendiente una prueba para adquirir si se aprueba ese examen unos 5500 chalecos antibala para la policía.

La secretaria de Logística del ministerio de Seguridad intentó explicar en la Legislatura que la pandemia y el contexto internacional provocaron dificultades con las importaciones y alteraron el plan inicial de compra de vehículos, tecnología y chalecos antibala.

Desde la oposición política al gobierno peronista de Santa Fe le contestaron que ese argumento no vale para muchos otros ítems cuyo trámite viene bastante demorado, como la compra de cuatro termotanques, 13 “fábricas” de pastas, seis aires acondicionados, ocho ventiladores de pared, una bordadora, una máquina de sastrería, que aparecen en el informe como “gestiones en trámite”, al igual que una central telefónica, 880 metros de un cerco perimetral, 160 camas o la compra de 16 anafes, freezer y hornos.

Este detalle estaba a punto de brindarlo el ministro anterior de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, pero fue renunciado un día antes de la cita que tenía en la Legislatura, cuando en Rosario aparecieron vandalizados con pintadas los edificios de la Gobernación, los Tribunales, la Municipalidad y la Catedral, con leyendas del tipo “Plomo y humo, el negocio de matar”.

El último miércoles coincidieron los dos funcionarios, la secretaria y el ministro, y el informe fue calificado como “un papelón” por los diputados: volvieron con las mismas dos planillas exhibidas 15 días atrás y le sumaron el reconocimiento de que además había errores en algunos números, todo en el marco de un trato impropio con los diputados. Algunos legisladores se retiraron enojados del recinto de sesiones donde se hizo la reunión, y otros pidieron que la secretaria renuncie.

El resultado del informe se extendió por casi cuatro horas, pero en síntesis dejó un dato preocupante: hay una subejecución de las partidas presupuestarias de emergencia, que el gobierno tiene disponibles desde hace siete meses.