El oficialismo y los bloques aliados avanzaron en rubros clave como jubilaciones, retenciones y privatizaciones de cara a la posible sesión de la semana próxima.
Este jueves por la noche el Gobierno logró grandes avances sobre el tratamiento legislativo de la Ley Ómnibus: tras una serie de reuniones con referentes de la oposición dialoguista para discutir modificaciones y alcanzar acuerdos, se espera que la amplia “Ley Bases” obtenga dictamen en comisiones para que se trate en la Cámara de Diputados la semana entrante.
Con el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, como principal figura junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, ayer el PRO, la UCR y el bloque a cargo de Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, se sentaron a proponer cambios a la normativa para que La Libertad Avanza pueda obtener el tan necesario apoyo legislativo que precisa para tratarla en cámara.
Así, el Gobierno flexibilizó su postura de “a todo o nada” y se llegó a una suerte de punto medio que implica cambios en puntos clave como la movilidad previsional o la ampliación de retenciones para exportar al agro, dos de los aspectos que más ruido e incertidumbre generaron.
Tal como destacó el titular del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, tras su reunión con Menem, gracias a estos encuentros parece viable que la Ley ómnibus “la semana que viene tenga media sanción”.
El gobierno tiene una evidente debilidad parlamentaria: solo 38 legisladores. Y necesita de esos bloques -entre los cuatro espacios suman 132 legisladores- para el éxito parlamentario. En ese plano, la irreverencia pública de Milei es una estrategia difícil de comprender en las bancadas aliadas.
De hecho, Caputo blanqueó la idea de dictaminar el lunes y convocar al recinto el martes, en una sesión que se prevé maratónica y que podría durar casi 48 horas, es decir hasta el miércoles 24, el día del paro y la movilización de la CGT y el peronismo. Una estudiada puesta en escena que, según confiaron, fue rechazada por algunos integrantes del bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto, entre ellos Emilio Monzó y Juan Manuel López.
Ayer, según las fuentes consultadas, trascendió que el gobierno había aceptado retroceder en la iniciativa original en varios de los puntos más relevantes, y volver a enviar el texto con las correcciones este mediodía.
Ley ómnibus: punto por punto, los cambios que podrían aplicarse
La Ley ómnibus de Milei no propone en sí una nueva fórmula de movilidad previsional para ajustar los haberes de los jubilados, sino que suspende el esquema anterior utilizado por la gestión de Alberto Fernández y, en su lugar, dispone actualizaciones por decreto a juicio del Ejecutivo hasta la votación formal en el Congreso de un nuevo proyecto.
Respecto a este punto, en el universo de modificaciones a la normativa se llegó a un acuerdo clave para todos los titulares de ANSES: la actualización de los haberes de los jubilados pasaría a basarse en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior, con actualización mensual, por lo que estos seguirían a la inflación.
Así, en caso de que la Ley ómnibus se apruebe este mes de enero con este cambio incluido, los jubilados y pensionados pasarían a cobrar en febrero con un 25,5% de aumento que replica al IPC de diciembre.
Otro punto que generó una fuerte oposición en la Ley ómnibus es la ampliación de las retenciones a las exportaciones a todos los sectores del agro.
El texto original dispone un tributo del 15% para los productos a los que al momento no les corresponden derechos de exportación, incluyendo economías regionales, y una suba de 31 a 33% para aceite y harinas. Soja se mantendría con una alícuota del 33%.
Ahora, con las modificaciones se eliminarían las retenciones sobre las economías regionales -tal como corría en la gestión anterior- y se deja abierta la negociación respecto a las retenciones sobre exportaciones industriales. También se limitará o incluso eliminará la posibilidad de que los DEX se aumenten por decreto.
En cuanto al listado de las 41 empresas públicas sujetas a la posibilidad de privatización que presentó el Gobierno en la Ley ómnibus, estas se mantendrán exceptuando a la petrolera estatal YPF.
El cambio más relevante en cuanto a las privatizaciones implica, sin embargo, la exigencia de que el Congreso deba aceptar siempre los pliegos de cualquier proyecto de venta de empresas públicas, por lo que las privatizaciones pasarían a tener tratamiento legislativo y podrían ser frenadas por la oposición.
En la redacción original de la Ley ómnibus, Milei recibiría “superpoderes” con una amplia base de facultades legislativas delegadas al Ejecutivo por dos años, prorrogables por dos más, es decir, el total de su mandato.
“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo Nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social“, dispone la Ley ómnibus.
La disposición de facultades delegadas tan solo puede darse en contextos en los que la emergencia pública haya sido dictada, lo cual también solicita la extensa normativa.
Ahora, en vez de dos años de emergencia prorrogables por dos más, esta duraría un año y se podría extender otro más en caso de que el Congreso lo avale. Además, también se recortará el listado de emergencias dispuesto, achicando así las facultades extraordinarias que tendrá Milei y su prolongación.
En la redacción original de la Ley ómnibus, Milei recibiría “superpoderes” con una amplia base de facultades legislativas delegadas al Ejecutivo por dos años, prorrogables por dos más, es decir, el total de su mandato.
“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo Nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social“, dispone la Ley ómnibus.
La disposición de facultades delegadas tan solo puede darse en contextos en los que la emergencia pública haya sido dictada, lo cual también solicita la extensa normativa.
Ahora, en vez de dos años de emergencia prorrogables por dos más, esta duraría un año y se podría extender otro más en caso de que el Congreso lo avale. Además, también se recortará el listado de emergencias dispuesto, achicando así las facultades extraordinarias que tendrá Milei y su prolongación.
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