AMIA: 28 años sin justicia

Un lunes 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) acababa de venirse abajo. Un estallido de bomba en la calle Pasteur 633 arrasó con todo. Un ataque criminal, un atentado, que dejó 85 argentinos muertos y más de 300 heridos, negocios y viviendas aledañas reducidos a escombros, una gran herida aún abierta y familias rotas para siempre.

Hoy, lunes 18 de julio pero de 2022, 28 años mas tarde, el reclamo sigue siendo el mismo: JUSTICIA!

Bajo la consigna “Volvemos a Pasteur”, este lunes, luego de dos años de pandemia, se realiza el acto conmemorativo de forma presencial a partir de las 9.30, tras dos años consecutivos de homenajes virtuales.

UN POCO DE HISTORIA:

En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner y después de doce años de investigación, el fiscal a cargo de la investigación, basado en informes de los servicios de inteligencia argentino, estadounidense e israelí, acusó formalmente, al gobierno de Irán de aquel entonces, de planificar el atentado y al partido Hezbolá del Líbano, de ejecutarlo.

Irán negó estar relacionado con el atentado. La justicia argentina imputó a ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés de ser los autores; contra quienes ordenó alertas rojas de captura de la Interpol. Según la investigación, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.

Durante los primeros años de investigación, la justicia argentina, con apoyo de funcionarios del gobierno de Carlos Menem, encubrió el atentado, una causa para imputar falsamente a expolicías de la provincia de Buenos Aires (que permanecieron casi una década presos) y llevarlos a juicio.

El llamado “primer juicio” se inició en 2001, contra 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos. Durante 2001-2004, los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner eximieron a los agentes de inteligencia de su deber de guardar el secreto de las operaciones al momento de declarar como testigos, dejando al descubierto un amplio encubrimiento en el que habían participado el juez de la causa, dos de los tres fiscales, altos funcionarios del gobierno de Menem y los servicios de inteligencia. El 2 de septiembre de 2004 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados y ordenando su liberación.

Como consecuencia del fallo fueron destituidos el juez de la causa Amia, Juan José Galeano, y dos de los tres fiscales, José Barbaccia y Eamon Mullen, por las supuestas irregularidades cometidas en la investigación, especialmente el pago ilegal de 400 mil dólares a Carlos Telleldin, presunto facilitador de la camioneta utilizada como coche bomba

En 2004 Néstor Kirchner creó una fiscalía especial para el caso AMIA, conocida como UFI-AMIA, y designó para dirigir la misma al fiscal Alberto Nisman, el único de los tres fiscales no comprometido en el encubrimiento. En 2006 el fiscal Nisman, luego de reexaminar toda la causa y cruzar cerca de 300 millones de llamados telefónicos, aseguró tener nuevas pruebas. Entonces el nuevo juez de la causa por el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, quien reemplazaba al juez Galeano, volvió a ordenar la captura de los siete exfuncionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbolá. Desde entonces, los distintos gobiernos argentinos han requerido a Irán, sin éxito, la extradición de sus ciudadanos acusados por el ataque para ser juzgados por un tribunal argentino o extranjero.

Sin amargo, en enero de 2015, el fiscal Nisman, presentó una denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el excanciller Héctor Timerman y otros funcionarios, considerando que el Memorándum constituía parte de un plan delictivo orientado a encubrir a los iraníes acusados en la causa. En marzo de 2018 se elevó a juicio la causa, y en octubre de 2021 el tribunal resolvió que el Memorándum no constituía un delito ni había formado parte de un delito, liberando de cargos a todas las personas señaladas.

El lunes 18 de enero de 2015, horas antes de tener que presentarse ante el Congreso para informar sobre la denuncia presentada el miércoles anterior, y poco antes de iniciarse el juicio por encubrimiento, Nisman fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Buenos Aires. Hacia 2022 la causa aún no se encuentra en estado de ser elevada a juicio y tiene un solo imputado, Diego Lagomarsino, empleado de Nisman y propietario del arma que causó la muerte del fiscal.

Pocos meses después de la muerte de Nisman se inició el segundo juicio de la AMIA, preparado por Nisman, en el que el principal acusado era el expresidente Menem. El juicio tuvo escasa cobertura de la prensa. El 28 de febrero de 2019 se dictó sentencia siendo condenados por encubrimiento y corrupción el exjuez de la causa, Juan José Galeano, el exjefe de los servicios de inteligencia Hugo Anzorreguy, el reducidor de autos Carlos Telleldin y otros funcionarios del Estado argentino. El expresidente Menem y el expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, fueron absueltos. Los exfiscales fueron condenados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, resultando absueltos de todos los cargos formulados por Nisman al elevar la causa. El fallo fue apelado.

El 19 de julio de 2019, la Oficina del Tesoro de Estados Unidos anunció que un ciudadano colombiano, llamado Salman Raouf Salman, perteneciente a la organización libanesa Hezbolá, había sido el coordinador del atentado a la AMIA en 1994 y ofreció una recompensa de siete millones de dólares por información que permitiera detenerlo. El gobierno de Irán le ofreció una sepultura en el cementerio de los mártires a Imad Mugniyah, unos de los sospechosos con pedido de captura, publicó un sello postal en su memoria y le dio su nombre a una calle en Teherán.