El fiscal federal Diego Luciani finalizó sus alegatos en el juicio oral por la obra pública solicitando que Cristina Kirchner y todos los ex funcionarios acusados no puedan ejercer cargos públicos de por vida: inhabilitación perpetua.
Según Luciani, el planteo es una consecuencia legal del Código Penal. El delito de fraude en perjuicio de alguna administración pública está contemplado en el artículo 174 del Código Penal y prevé una pena de dos a seis años de prisión. Pero también establece que “el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”.
El fiscal Diego Luciani cuestionó de lleno la afirmación de que las contrataciones de obra pública del Estado no son materia revisable por la Justicia. “Esa es una manera de intentar que ningún poder del Estado pueda inmiscuirse en estas cuestiones”, agregó, para criticar al Presidente por sostener esa afirmación. “Cuando esas expresiones proceden del propio Presidente, como sucedió en este debate, deben interpretarse como una injerencia indebida de un poder del Estado en otro”, afirmó.
“Para defender puerilmente a su compañera de fórmula intentó correr el foco de la discusión”, dijo Luciani sobre el mandatario, luego de recordarle a Fernández que no se debe confundir al Estado, como víctima de la cartelización, con los funcionarios del Estado, que pueden aprovecharse de esa cartelización de la obra pública. “Es llamativo escuchar que el Presidente no pueda distinguir esta cuestión elemental”, añadió, para recordarle la contradicción entre esos dichos en el juicio con lo que el propio Alberto Fernández había afirmado el día después de que José López fue encontrado con bolsos con 9 millones de dólares en un convento.
La fiscalía dijo que la vicepresidenta Cristina Kirchner era la jefa de una asociación ilícita y será acusada de fraude al Estado. Solicitará que sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner (el veredicto se conocería a fin de año) la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años. Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.
“Su condición de Presidenta de la Nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes. Era la máxima autoridad. Interpuso su interés personal sobre el interés público”, dijo Luciani.