Se trata, nada menos, del órgano integrado por los fiscales que deben investigar los delitos penales en todo el territorio de Santa Fe.
En estos momentos existen fuertes presiones políticas, y también judiciales, para tener injerencia en la elección de las nuevas autoridades del organismo. La Asamblea Legislativa tendrá la última palabra sobre quiénes conducirán el Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante los próximos seis años.
“El Ministerio Público de la Acusación (MPA) es un órgano del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe que se ocupa de investigar los delitos penales que se cometen en todo el territorio santafesino“. Así de precisa y escueta es la definición que aparece en el sitio web oficial de este organismo, creado a partir de 2014 como eslabón indispensable para la aplicación de un nuevo sistema procesal penal.
Sin embargo, lo que nació como un órgano esencialmente independiente del resto de los poderes para llevar adelante la persecución del delito penal, a lo largo de sus nueve años de existencia, se vio empañado por el fango de la política y sometido a diversos intereses que poco tienen que ver con la razón de ser del MPA.
Seguramente no se trata de un fenómeno exclusivo del Ministerio Público de la Acusación. De hecho, los mismos órganos de conducción del Poder Judicial de Santa Fe suelen ser un claro ejemplo de dudosos vínculos con determinados sectores del poder político y económico.
La injerencia de la política en el MPA tampoco es un fenómeno novedoso. En diciembre de 2018 y de manera prácticamente unánime, la Legislatura cerró filas y aprobó una ley que otorga a diputados y senadores de Santa Fe la potestad de evaluar las conductas de cada uno de los fiscales y miembros del MPA, con la posibilidad de sancionarlos o, incluso, destituirlos. En otras palabras, los políticos de esta provincia cuentan desde entonces con las herramientas para controlar a los fiscales que, eventualmente, deberían investigar a integrantes de la corporación política.
En 2021, fue la misma Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la que consideró que esa ley que profundiza el control político sobre el MPA podía ser aplicada. Aquel fallo no sorprendió, y tampoco fue una sorpresa la forma en que votó cada uno de los miembros del Máximo Tribunal de Santa Fe: a favor de la ley, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuller y Roberto Falistocco. Mientras que Mario Netri y Daniel Erbetta, se expresaron en contra. Antes, el procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, también había planteado su rechazo.
MPA: una descarnada puja de presiones
Lejos de haberse apaciguado el desenfrenado afán de la política y de algunos sectores del Poder Judicial por tener injerencias en el Ministerio Público de la Acusación, el proceso de selección de autoridades del MPA que se lleva adelante en estos momentos deja al desnudo las presiones en favor o en contra de quienes aspiran a conducir este organismo durante los próximos seis años.
En los primeros tramos del actual proceso de selección, la difusión de una serie de audios comprometedores entre funcionarios del gobierno derivó en la renuncia masiva de integrantes del jurado evaluador. Hubo duros cruces entre oficialistas y opositores, hasta que fue posible conformar nuevos jurados. Las evaluaciones pudieron seguir adelante.
En estos momentos, el gobernador, Omar Perotti, cuenta con tres nombres (elegidos por los jurados que finalmente participaron del proceso de selección) de potenciales candidatos a convertirse en nuevo jefe o jefa de los fiscales de toda la Provincia.
Se trata de Roberto Prieu Mántaras (camarista de la ciudad de Santa Fe), María Cecilia Vranicich (rosarina y actual auditora del MPA) y Javier Beltramone (camarista de la ciudad de Rosario).
Las presiones y operaciones tienen todo tipo de orígenes y de argumentos: políticos, geográficos (si el jefe de los fiscales debe ser rosarino o santafesino) y hasta personales.
Para gran parte de los legisladores de Rosario, el nuevo jefe de los fiscales tiene que ser rosarino porque se requiere de una persona que conozca a fondo la situación y el funcionamiento político-institucional de esa ciudad arrasada por los narcos. No parece un argumento disparatado, ni mucho menos.
De todos modos, también habrá que reconocer que el actual fiscal general de la Provincia, Jorge Baclini, es rosarino, condujo el organismo desde esa ciudad y los resultados no parecen haber sido los mejores. Tanto es así, que el exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, terminó en prisión por ser cómplice de bandas dedicadas al juego clandestino.
El oficialismo no cuenta con mayorías en la Asamblea Legislativa
Aunque pueda parecer obvio y hasta naif recordarlo, lo que debería primar en todo proceso de selección de autoridades del MPA es cuál de los candidatos está en mejores condiciones de conducir de la manera más profesional, transparente e independiente a los fiscales que deben perseguir el delito penal en una provincia azotada por la violencia, la inseguridad y el narcotráfico.
Al menos en forma pública (quizá siempre sucedió, aunque sin tamaña trascendencia), nunca antes un proceso de selección de autoridades del MPA dejó al desnudo y de manera tan descarnada estas pujas de intereses.
El Poder Ejecutivo debe elegir a uno de los tres nombres propuestos por los jurados.
El oficialismo no cuenta con los votos necesarios en la Asamblea Legislativa como para impulsar a un candidato sin antes haber establecido puentes de diálogo con distintos sectores políticos.
Nada está escrito a estas alturas de las circunstancias.
Lo esencial, en todo caso, será que el proceso se desarrolle con la máxima transparencia y que, tanto quienes estén a favor del candidato propuesto por Perotti, como los que se opongan, sostengan sus posiciones con argumentos sólidos.
En una provincia atravesada por el delito y una Rosario asolada por el narcotráfico, ya no hay márgenes para seguir cometiendo errores.
Las consecuencias de tantas equivocaciones acumuladas a lo largo de los años, están a la vista.