En 2022, el 51,7% de las personas que habitan el país estuvieron alcanzadas por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos o asistencia alimentaria oficial.
Si un estudioso del impacto que causan las políticas públicas en las sociedades mirase la Argentina pospandemia, podría advertir un dato que surge a simple vista: el declamado “Estado presente” no tiene nada que ver con el “Estado eficiente”.
Cada vez hay más población alcanzada por la mano del Estado; antes de la pandemia el porcentaje era de 43,8% y llegó a 55% en plena crisis sanitaria; hace un año estaba en el 44,7%.
Los datos, elaborados por la Encuesta de la Deuda Social Argentina EDSA Bicentenario (2010-2016), EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025) y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), muestran que ese crecimiento, con un pico en 2020 producto de la cuarentena y la crisis del Covid, mantuvo este año una tendencia a la suba que coloca el fenómeno en valores históricos.
Lo que es peor, semejante desembolso apenas logra mantener relativamente quietos algunos índices como los de indigencia y de pobreza, pero está lejos de generar una mejora en las condiciones de vida de la población.
“Este número incluye la Asignación Universal por Hijo (AUH), los planes Potenciar Trabajo, Alimentar y Progresar, las pensiones no contributivas (que son aquellas que no requieren aportes en la vida laboral y que entregan un ingreso del 80% de la jubilación mínima, además del PAMI) y otros programas nacionales como Más y mejor trabajo. A su vez, excluye a todas las jubilaciones contributivas y las que son por moratoria”, reseña Agustín Salvia, director del Observatorio Social de la UCA.
De acuerdo con los datos de ese centro de estudios, las personas alcanzadas por asistencia social eran el 32,9% de la población en 2010. Ese número terminó en 40,3% cinco años después, cuando terminó el segundo mandato de Cristina Kirchner.
Mauricio Macri dejó la presidencia en 2019 con un 43,8%, luego de haberlo bajado en 2019. Es decir, el crecimiento de esa base que recibe todos los meses dinero del Estado se explica únicamente por el último de los cuatro años de gobierno, después de la crisis de 2018.
Alberto Fernández lo llevó, en plena pandemia, al 55% de la población. A partir de aquí se consolida el fenómeno expansionista que alarma. Luego de aquel 2020, de aislamiento y freno a la economía y cuando el aumento de la base se explica por planes como el IFE y el ATP, ambos para ayudar a sectores afectados por la cuarentena, el presidente regresó en 2021 a valores similares a los que recibió al iniciar su gestión. Hace un año, el 44,7% de la población recibía alguna transferencia del Estado
Sin embargo, en 2022 se desató la cuenta: la cantidad de personas alcanzadas por este tipo de beneficios pasó de aquel 44,7% al actual 51,7%. Es decir, 16% en un año.
La política argentina parece resuelta a darle de comer en la boca a cada vez más gente antes que proponer un país en el que la mayoría se procure su alimento.
Todos los programas han sido expansivos y cada vez más personas pasan por la ventanilla mensual a retirar lo que el Estado les da. El porcentaje en crudo asusta: medio país necesita ayuda para subsistir. El fenómeno esconde una enorme paradoja: con cada uno de los millones de pagos que se hacen crece más y más la deuda social argentina.
