El gobernador de Santa Fe estableció que el personal que llega con su gestión se irá cuando finalice.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tomó una decisión que generó no pocos ruidos internos en el oficialismo: quien llega con la gestión, se va con la gestión. Esa postura tiene una perspectiva de austeridad a simple vista, pero también obedece a un cálculo político subterráneo.
La voluntad del mandatario es que deje prácticamente de existir la figura del contrato de locación de servicios en el Estado provincial, salvo casos excepcionales como programas financiados por Nación u organismos internacionales en los que ese tipo de vínculo contractual es una exigencia de quien aporta el dinero.
La instrumentación de esa idea se ejecutó a través del decreto Nº 458 del 12 de abril. Allí se dispuso incorporar una nueva franja de asistentes técnicos (AT), lo que comúnmente se denomina asesores. A las seis modalidades preexistentes, se agregaron cuatro más.
En el decisorio se argumenta que “con el devenir de los meses de gestión, y las distintas decisiones organizacionales adoptadas, se valora la necesidad de disponer la creación de nuevas categorías de asistencia técnica, en diez niveles; siendo su función, la de realización de estudios, asesoramiento u otras tareas específicas, y en lo particular corresponde adicionar la ejecución de servicios u obras de carácter extraordinario, eventual o en emergencia por el tiempo que dure la misma, todas ellas disímiles a las funciones del personal permanente”.
Ese último punto asimila las tareas de los asistentes técnicos de los niveles 7 al 10 con las que anteriormente tenían los contratados bajo la figura de locación de servicio. También iguala los rangos de retribución de los dos formatos, e incluso deja afuera a esta franja de asesores del plus por “gastos de manutención propios de la responsabilidad jerárquica”, que cobran los funcionarios políticos desde que los impuso Hermes Binner en 2008.
El decreto de Pullaro dice además que “la presente acción se fundamenta en la transparencia, austeridad y eficiencia del gasto público como preceptos imperantes en la gestión”. Por debajo de estos sanos postulados hay, naturalmente, un cálculo político.
Con este instrumento, el gobernador se reserva para sí y nadie más la facultad de incorporar personal, vía decreto, luego de un escaneo estricto del secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido. Le permite también exigir más a fondo a la plantilla propia, que sabe que debe responder plenamente si quiere continuar en el cargo. Y esquiva, siempre según esa mirada, una presión de los sindicatos por eventuales pases a planta permanente.
Parte del siguiente enfoque: el contratado ingresa al Estado más por relación personal con algún dirigente oficialista o funcionario del gobierno que con el gobernador mismo, lo cual deriva en una baja fidelización política que se transforma, con el correr del tiempo, en una distancia con la gestión para, finalmente, desembocar en una presión de los gremios públicos por el fin de la precarización.
Esta práctica incluye un costo. Con altas probabilidades, el plantel político de Pullaro será el más nutrido en términos históricos. Y será objeto, en consecuencia, de críticas por parte de la oposición, más aún en tiempos de insultos contra “la casta”. El gobernador está dispuesto a asumir ese costado flaco porque entiende que los beneficios, en términos de mando, son superiores.
En la misma línea se inscribe otro decreto, el Nº 690 del 31 de mayo. Con esa herramienta se establece “un circuito administrativo que posibilite sistematizar adecuadamente la cantidad de cargos vacantes permanentes y no permanentes existentes en la órbita del Poder Ejecutivo provincial, con el objetivo de transparentar y optimizar la gestión de los mismos, propiciando en consecuencia una modificación de la planta de cargos vigente”.
Para ello, centraliza la gestión de las vacantes en la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública. Lo cual equivale a decir que se restringe la autonomía en esa materia de las distintas áreas del Estado y sus consiguientes conducciones políticas. Dicho de otro modo: evita la cobertura de cargos sin aviso, una praxis que ya tenía sus dificultades teniendo en cuenta que en la administración central esas decisiones exigen un decreto del gobernador.
Este criterio dispuesto por Pullaro generó “un terremoto interno”, según confió una fuente oficial. Habrá que ver si se producen réplicas de este sismo y si su magnitud hace que, en un futuro mediato, el gobernador cambie de opinión.
Fuente: AIRE
