El dinero obtenido será destinado a resarcir a las víctimas de delito, a donaciones a instituciones, políticas de seguridad y autofinanciar la Aprad, que es un ente autárquico.
En el marco de la segunda subasta de bienes decomisados al delito de la actual gestión de gobierno, llevada a cabo esta vez en la ciudad de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), se recaudaron más de $700 millones de pesos al venderse la totalidad de los lotes disponibles.
La actividad se llevó a cabo este miércoles en la Estación Belgrano, y participaron más de 3.700 personas de 23 jurisdicciones del país.
Se remataron 41 vehículos (entre autos, motos y una lancha), dos inmuebles (ubicados en Funes y Roldán) y tres lotes de joyas. Todos los bienes comenzaron la puja con un valor de entre un 30% y un 40% del valor de mercado.
Los inmuebles se vendieron uno de ellos en 91 millones de pesos y el otro en 50 millones y medio. Entre los tres lotes de joyas sumaron 39.700.000. Los lotes de vehículos más rentables fueron, el lote 3, BMW X6 en 36.000.000; el lote 23, otra BMW X6 en 36.000.000; y el lote 33 Golf GTI a 38.000.000. Por su parte, la lancha se remató en 40.000.000 millones de pesos.
A través de esta subasta, la Provincia garantiza el bloqueo de dominio de los vehículos para los nuevos propietarios. De este modo, a las unidades se cambian las patentes, asignándoles un dominio totalmente diferente anulando la vinculación con el anterior titular registral. Lo mismo ocurre con los inmuebles a subastarse, para los cuales, según explicó Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros Provinciales: “ya se generó un trámite nuevo ante el Registro de la Propiedad Inmueble, en donde vamos a bloquear a los dueños anteriores y nadie va a poder saber quiénes eran, en tanto que al nuevo comprador se le entregará una nueva matrícula en folio real electrónico, que es un sistema de registración que van a ser de cero con esta matrícula”.
Sobre la Aprad
La Aprad es la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Puede tratarse de autos, insumos informáticos, celulares, o joyas, entre otros elementos.
En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados o compactados. Otros elementos pueden ser entregados a entidades de beneficencia.